Es público y notorio que cualquier cambio de gobierno comporta la modificación radical de muchas leyes tributarias. Es lógico, si se plantea desde la óptica ideologica, ya que los tributos soportan el presupuesto y afectan a todos los ciudadanos.
Sin embargo, ¿qué sentido tiene modificar una regulación que ha sido retocada durante años por los técnicos de los distintos gobiernos y conseguir, únicamente, empeorarla.
La modificación de la normativa sobre operaciones vinculadas responde teóricamente a un afán por controlar el fraude, pero en la práctica incide, mayoritariamente, sobre operaciones que NO PERJUDICAN A LA HACIENDA PUBLICA, y aún así se tipifican como infracciones.
Las PYMES de nuestro Estado, que son la mayoría, tienen nuevamente que realizar sobreesfuerzos administrativos con tal de cumplir con una legislación compleja, llena de lagunas, innecesaria, excesivamente intervencionista y que genera inseguridad jurídica de forma gratuita.
Hay muchas cosas que mejorar en materia impositiva ¿porque no dedicarse a ellas?
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